Políticas para salir de esta crisis
Joaquín Trigo
La producción española ha perdido competitividad como resultado de un
diferencial adverso de precios, de la apreciación del euro y del
abaratamiento de importaciones procedentes de países ajenos a la UE.
Tradicionalmente la pérdida de competitividad se arreglaba con la
devaluación, que ahora está fuera de nuestro alcance. Otra alternativa
consiste en eliminar los empleos de baja productividad conservando los de
mayor eficiencia; algo posible, pero indeseable. Podría pensarse en
reducción de salarios, lo que siempre es impopular y en un momento de alza
de precios es simplemente inviable.
Pueden considerarse medidas de demanda, como más gasto público o aumento
en la oferta monetaria, que abarataría el coste del crédito, pero la
primera anticipa futuros aumentos de impuestos y, lo mismo que la segunda,
tras un momento inicial y fugaz de aumento de la demanda, pueden disiparse
en aumento de precios en lugar de facilitar la inversión y la nueva
contratación laboral.
En el contexto actual se impone encontrar medios para mejorar la
competitividad y aplicarlos en la dosis pertinente durante el tiempo que
convenga, teniendo presente que deben ajustarse a requisitos precisos: ser
eficaces, aportar resultados a corto plazo, tener un impacto persistente
sobre la eficiencia económica del país, no generar una oposición capaz de
cuestionar su aprobación y ser gratuitas o, al menos, ser baratas y ayudar
a generar los recursos con los que pagarlas. Hay precedentes de estas
políticas. Se hicieron en 1985 y en 1994 y 1996. En los dos primeros casos
con gobierno socialista presidido por Felipe González y siendo Ministros
de Economía Boyer y Solbes, respectivamente. El primer Gobierno de José
María Aznar con Rato como Ministro de Economía es otro ejemplo. En estos
casos se adoptaron medidas de liberalización de los nuevos contratos de
alquiler y se actualizaron los viejos, se dio libertad de amortización a
las nuevas inversiones, se privatizaron empresas públicas y se introdujo
competencia en mercados regulados y un largo etcétera que permitió
resultados tangibles, facilitó la entrada en la primera fase de la moneda
única, contribuyó a la creación y el mantenimiento de empleo y demostró la
posibilidad de contribuir a la superación de situaciones críticas
mejorando la estructura productiva y la competitividad.
Las medidas que dieron resultado antes de la adopción del euro no se
pueden volver a plantear y perdieron su eficacia inicial debido a varias
circunstancias como la aparición de nuevos competidores con estructuras de
costes imposibles de igualar, la depreciación del dólar y otras monedas, o
la ampliación de la UE y, con ella, el aumento de la competencia interna.
Si se considera que el empleo en la construcción, aproximadamente el 12%
del total, se reducirá por una caída del número de viviendas iniciadas que
las deje en la mitad del año pasado y que esa reducción incidirá en la
cadena de suministros y en la demanda de consumo, convendría articular las
actuaciones de inmediato e iniciar las acciones sin esperar a un mayor
deterioro. La pregunta inicial es ¿qué hacer?
MEDIDAS DE OFERTA EN 2008
El sector público, incluyendo las empresas de titularidad estatal o de
ámbito autonómico, provincial y local deben reducir sus plazos de pago. El
propósito es que los contratistas y proveedores no tengan que descontar
sus certificaciones de obra y facturas; así liberarían recursos bancarios
que quedarían disponibles para otras empresas y, en la siguiente
licitación, las ofertas serían más baratas permitiendo más compras de los
mismos o de otros productos. Si se considera que el sector público es, con
mucho, el mayor comprador del país y que en países como Francia paga a 30
días, es una opción que sería más eficaz si los contratistas y vendedores
trasladaran a sus proveedores la misma diligencia.
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